CON 137 PERIODISTAS AMENAZADOS, 4 SECUESTRADOS, 2 ASESINADOS Y CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO CONTRA MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU PERSONAL impulsadas por funcionarios del gobierno, terminó el año 2019, uno de los más difíciles para la libertad de prensa en Colombia. Así lo demostró el informe Callar y fingir, la censura de siempre (2019), de la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP–.

Por: El Tiranosaurio Digital

El año 2019 ha sido uno de los más difíciles para la libertad de prensa en Colombia. Situación que viene empeorando desde los últimos tres años –cuando se realizó la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC– porque han aumentado los casos de golpizas, censura e intimidación para quienes hacen periodismo en el país.  

Lo peor fueron las muertes del documentalista Mauricio Lezama y del periodista radial Libardo Montenegro. Al primero lo asesinaron en Arauquita (Arauca) el 9 de mayo del 2019 porque estaba filmando un documental sobre las víctimas del conflicto, fueron dos hombres y le propinaron siete disparos. Y al segundo, porque estaba hablando sobre la importancia de acelerar la implementación de los acuerdos de Paz en Samaniego (Nariño), desde donde funcionaba su emisora regional: Samaniego Stereo.

Y según el informe Callar y fingir, la censura de siempre (2019), sobre la libertad de prensa en Colombia de la FLIP: “el número de funerales pudo haber sido mayor si quince periodistas amenazados no hubieran huido de sus ciudades e incluso del país”, además advierten que en los últimos tres años fueron amenazados 583 periodistas, una cifra abrumadora, teniendo en cuenta que en el trienio anterior (2014 al 2016), la cifra fue de 257. 127% más, en comparación.

Hay varias razones por las que el periodismo es un oficio de alto riesgo, pero una de las principales amenazas para ejercerlo en el país es la ley del silencio que pretenden imponer los grupos ilegales que quieren apropiarse de los territorios del narcotráfico. Que para el caso de Colombia son principalmente Arauca, Nariño y Valle del Cauca.

En Arauca, de 2017 al 2019, se dieron 57 casos de violencia contra periodistas, con un incremento del 300% en los últimos dos años. Para la misma fecha, en Nariño, fueron 29 casos, con un aumento del 62.5%, también en dos años. Y finalmente en Valle del Cauca, 79, con un incremento del 60% en el último año.

Otro escenario es la autocensura. Un fenómeno que nace por la presión e intimidación y que muere cuando los periodistas evitan el cubrimiento de ciertos temas, porque ponen en peligro sus vidas. “Uno se abstiene de hablar sobre temas de orden público por temor. Si uno transmite alguna información sobre el EPL, inmediatamente el ELN viene a presionarlo y viceversa. Lo mismo pasa con la fuerza pública. A mí me citaron a la Fiscalía por apología a la guerrilla porque yo tuve que transmitir un comunicado del EPL”, le contó uno de los periodistas de la región de Catatumbo, Norte de Santander a la FLIP.

Y en la misma línea viene la censura y la estigmatización. Situaciones de vieja data, pero que preocupantemente vienen ascendiendo los últimos meses desde de las instituciones del Estado.  Por ejemplo, el caso de Juan Pablo Bieri, quien siendo director del sistema de medios públicos RTVC, procuró eliminar el programa Los puros criollos por las opiniones personales de su presentador Santiago Rivas contra una ley de modernización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

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Pero las intenciones de Bieri se descubrieron, renunció, y meses después el Gobierno lo premió con contrató cómo asesor de comunicaciones. Y estando ahí, lo nombraron moderador de un grupo de whatsapp creado por la cónsul de Colombia en Orlando (Florida), Claudia Bustamante, desde donde se orquestaron persecuciones mediáticas contra medios de comunicación como Noticias Uno, W Radio, líderes de la oposición y de periodistas como Daniel Coronell y Catherine Juvinao, entre otros.

Ese grupo también tenía como administrador designado al actual alto consejero presidencial para asuntos económicos y de transformación digital, Víctor Muñoz. Él había sido consejero presidencial, pero renunció por un escándalo que se desató por su participación en una reunión de tuiteros uribistas en la cual se desarrolló una campaña de desprestigio contra la W Radio. También estaban la jefe de prensa del Senador Álvaro Uribe Vélez, Stephanie Carrillo, y el asesor principal del Senador, Hernán Darío Cadavid.

Si para mal, el periodismo en Colombia siempre se ha tenido que ejercer sobre un campo minado, estas alertas, el incremento de la violencia y los despidos masivos – en los últimos 4 años 1.100 personas fueron despedidas de medios de comunicación– no auguran un mejor porvenir para este oficio que a la fecha no tiene mucho que celebrar.  

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Con información del informe Callar y fingir, la censura de siempre (2019), elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP–.

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